El ominoso silencio que ha mantenido Francina Armengol con relación a la integración de terroristas etarras en las listas electorales de Bildu constituye un insulto a la ciudadanía de las Islas y un desprecio al dolor de las víctimas.
El 30 de julio de 2009, hace menos de catorce años, dos ciudadanos de Balears, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, jóvenes agentes de la Guardia Civil, eran asesinados en Palmanova mediante una bomba lapa adosada a su vehículo policial por la banda terrorista ETA, a escasos quince kilómetros de la sede del Govern, en el que fue el último crimen con víctimas en España del terrorismo vasco.
Armengol era entonces presidenta del Consell de Mallorca, de manera que hubo de experimentar en sus propias carnes la rabia e impotencia de los dirigentes políticos de la época y la crudeza de las consecuencias de la estrategia asesina del nacionalismo vasco de extrema izquierda.
Poco después llegó la definitiva derrota de los terroristas a manos de la justicia y la acción policial, la ‘suspensión' de lo que ellos llamaban eufemísticamente la ‘lucha armada' y la posterior disolución de la banda.
Pero la esencia moral del movimiento independentista vasco no cambió un ápice. Con vergüenza ajena hemos asistido a decenas de homenajes a criminales excarcelados a lo largo de los últimos años, como si se tratase de héroes de no se sabe qué guerra, en la que solo mataban ellos.
Los ciudadanos de las Islas llevamos días esperando que Armengol condene la inclusión de etarras condenados en las listas de Bildu y, sin embargo, de su boca no ha salido una sola palabra.
Mientras tanto, el Govern del Pacte pretende revivir de forma permanente nuestra Guerra Civil y sus crímenes –que, en Balears, fueron ejecutados por ambos bandos–, y, ochenta y cuatro años después, fijarla en su agenda como un asunto prioritario para los ciudadanos. En cambio, ETA y sus víctimas son ya parte de un pasado que debemos olvidar, básicamente porque esa será la única forma de que los españoles pasemos por alto el incuestionable dato de que Pedro Sánchez debe su presidencia a Bildu y se dispone, si las urnas no lo remedian, a reeditar ese pacto para tratar de conservar su silla.
La parcial rectificación de Otegui asegurando que aquellos candidatos que tengan en su macabro currículum delitos de sangre no tomarán posesión de sus cargos es solo un intento de maquillar un escándalo político sin precedentes, y debido únicamente al dudoso efecto electoral que ello podría tener el próximo 28-M, fecha en la que los de Bildu pretenden convertirse en primera fuerza política del País Vasco a nivel municipal.
Como si los demás etarras condenados que se mantienen en las listas no fueran también corresponsables, siquiera morales, de todos los crímenes de la banda.
Pero Armengol tiene, además, otro problema, y es que comparte asiento en el ejecutivo con una formación, Més per Mallorca, cuyo líder, Lluís Apesteguia expresamente cita como referente político a Bildu, con lo que ninguna contundencia verbal es esperable de la presidenta para con el partido de los violentos y sus herederos. Para el PSOE, Bildu ha pasado de ser el despreciable instrumento político de los asesinos, al apreciable y útil socio progresista del gobierno de Pedro Sánchez.