La instalación de hamacas, sombrillas y demás elementos de temporada en la Playa de Palma supone un procedimiento autorizatorio en el que intervienen tres administraciones públicas distintas según la normativa de costas y el plazo máximo para finalizar este procedimiento es de cuatro meses. En primer lugar, el Ayuntamiento de Palma debe solicitar la pertinente autorización a la Demarcación de Costas (estatal), dado que los Ayuntamientos tienen preferencia sobre los particulares para la explotación de los elementos de temporada en las playas. La Demarcación examina la solicitud y demás documentos que hay que adjuntar, y requiere un informe de la Conselleria de Medi Ambient, que es quien fija el número máximo de hamacas y sombrillas a instalar y delimita los espacios de la playa en los que se han de situar aquéllas. Simultáneamente a la petición de informe, la solicitud se somete al trámite de información pública si la autorización es superior a un año. A continuación, la Demarcación de Costas otorga la autorización solicitada con las condiciones de la misma (número de elementos a instalar, canon a pagar, etc), y se lo notifica al Ayuntamiento solicitante. Finalmente, éste le comunica la autorización al adjudicatario de la explotación de los servicios de temporada (normalmente privado), que ya puede empezar a instalar las hamacas y sombrillas en la playa, y consecuencia, a su explotación. Este es, de modo sintético, el esquema del procedimiento a seguir.
En la presente temporada de 2023, la autorización cuatrianual de que disponía el Ayuntamiento de Palma acabó en 2022, por lo cual el Ayuntamiento solicitó una nueva autorización hace meses (diciembre pasado), aunque hay que decir que lo hizo con retraso con respecto a la inmensa mayoría de ayuntamientos mallorquines y con deficiencias que luego tuvo que subsanar. Pues bien, estamos a principios de mayo, con miles de bañistas en la playa, y aún no se nos ha comunicado a la empresa adjudicataria la autorización de la Demarcación de Costas que nos habilita para instalar y explotar los elementos de temporada; de ahí que la Playa de Palma sea una de las pocas playas de Mallorca en la que todavía no están colocadas las hamacas y sombrillas de 2023. La causa de esta lamentable situación ‘parece' estar en el retraso de la Conselleria de Medi Ambient en emitir su preceptivo informe, fijando el número máximo y la ubicación de los elementos a instalar, y sin que el Ayuntamiento de Palma haya efectuado las gestiones oportunas para remediar esta situación. Sea como sea, el dato absolutamente incontrovertible es que un mes después de que los usuarios estén haciendo uso de la playa, e incluso días después de que haya empezado el servicio de salvamento y socorrismo, la Playa de Palma carece de hamacas y sombrillas en el momento actual.
Los perjuicios que está causando esta situación son evidentes. En primer lugar, miles de turistas y usuarios de la playa no han podido disponer en el último mes de cobertura frente al sol inclemente o de una tumbona en la que recostarse. Por esa razón se han presentado quejas en los hoteles de la Playa de Palma, tal como ha reconocido expresamente la Asociación Hotelera. Como es de imaginar, esta situación está afectando a la imagen turística de Palma en el exterior y no precisamente en sentido beneficioso. Por lo que respecta a la empresa que represento (adjudicataria de la explotación de los elementos de temporada en Playa de Palma), las consecuencias de la situación descrita son demoledoras: ningún ingreso por la explotación, a pesar de que la Playa de Palma está siendo masivamente utilizada desde hace más de un mes; destrucción de empleo, al no tener actividad en la playa; incertidumbre en cuanto al número de elementos a instalar y a la fecha de instalación –que se puede retrasar todavía–, y en general, imposibilidad de desarrollar o ejercer nuestros legítimos derechos contractuales.
Concluyo. Estamos así ante una situación realmente incomprensible y kafkiana, que perjudica tanto a los usuarios de la playa como a la empresa adjudicataria, pero también a la imagen y reputación de las diferentes administraciones intervinientes: en efecto, un procedimiento administrativo que en principio debería ser relativamente sencillo se ha convertido una vez más en una engorrosa carrera de obstáculos a superar, que se ve claramente obstaculizada por la negligencia e inactividad de una u otra administración.