En una de mis columnas anteriores centré el seguimiento de la controversia por la ley del sí-sí en el ‘cuánto' de las penas (subir los umbrales de las horquillas, como quiere el PSOE) y no en el ‘qué' de los conceptos delictivos o penalizables (básicamente, el ‘consentimiento', como quiere la parte podemita del Gobierno). Mantengo la plantilla argumental, pero ampliando el ‘cuánto' al impacto electoral del culebrón.
Quedó claro en la consigna de Sánchez a su estado mayor el lunes pasado. Ante el daño electoral causado por los retoques a la baja en las penas de los delincuentes sexuales, el presidente exigió corregir la ley mediante una proposición de ley antes de que acabase la semana.
Estamos al borde del plazo marcado, aunque la apresurada negociación de los dos componentes del Gobierno de coalición apuntan hacia el acuerdo para presentar conjuntamente la proposición rectificadora de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (octubre 2022).
O sea, que habrá rectificación. Por razones ‘políticas' impuestas por Sánchez, según ha reconocido la ministra, Irene Montero, para la que no hay razones técnicas que aconsejen la revisión. De modo que acabarán entendiéndose, por la cuenta que les trae a ambos. Lo contrario sería un golpe de difícil reparación en el pacto PSOE-UP que nos gobierna desde finales de 2019.
No es del todo descartable la ruptura si la parte podemita apura el discurso de Iglesias Turrión, su líder en la sombra. Consiste en culpar a los jueces y hostigar a Sánchez con maliciosas referencias a su inesperada querencia hacia el PP, al saber que Feijóo ofrecía sus votos para retocar los artículos de la ley que han favorecido a más de 300 delincuentes sexuales. Y la posición de Iglesias, repicada por los dirigentes de Podemos (ministra Belarra y Pablo Echenique, básicamente) también está inspirada en razones electorales. Sus estudios demoscópicos le dicen que, sin llegar a romper la coalición, diferenciarse del PSOE le da votos.