El Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por desacreditar a todo organismo nacional, internacional, servicio de estudios o medio de comunicación que sencillamente no comparte argumentario u osa cuestionar los datos que maneja. Se han cebado con el Banco de España, cuyo gobernador, Hernández de Cos, es miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE; con el INE, donde hasta cambiaron al presidente porque no ofrecía datos coincidentes con los del Ejecutivo; con la oposición por seguir a los del puro que conspiran en cenáculos oscuros, y con los medios de comunicación, servicios de estudios privados y economistas cuyo pecado es no coincidir en sus previsiones con las que maneja el gobierno y a los que se ha llegado a llamar ‘traficantes del miedo'.
Ahora le ha tocado el turno al BCE, ese organismo europeo que, entre otras muchas cosas, está salvando a España de la debacle con la compra masiva y sin coste de la deuda. Les da igual que entre sus funciones esté vigilar el capital y solvencia del sistema financiero. Lo molesto es que el dictamen se publicara el jueves, en medio de la discusión en el Congreso del impuestazo a la banca, destrozando su relato populista y electoralista.
Creen en el Gobierno que su impuesto a los bancos vende mucho entre su electorado y el podemita. Les importa una higa, si como dice el BCE, el gravamen va a perjudicar la competencia en el sector, la solvencia de las entidades, la economía española y según las propias normas del BCE, lo van a pagar los ciudadanos en un momento especialmente delicado para la economía familiar y empresarial. Ya han declarado que no le van a hacer caso, que no es vinculante y que pasan de lo que diga el regulador europeo. Hasta aquí podríamos decir que es el estilo de este Ejecutivo, aunque llama la atención la furibunda respuesta del ministro de Seguridad Social. Escrivá, en un ataque de ira, a los que por cierto ya nos tiene acostumbrados, llegó a decir que el dictamen del BCE era un ‘corta y pega'.