L a financiación autonómica es un tema estructural y reiterativo en Balears. La publicación de datos sobre balanzas fiscales o cálculos sobre liquidaciones del modelo de financiación suelen encender todas las alarmas. Todo el mundo se instala en el «adanismo»: se dice que todo está por hacer, y las críticas y los argumentos siempre miran buscando responsables externos. Se descuidan, consciente o inconscientemente, factores internos de la economía pública balear. Se leen mal los datos o se explican mal.
La primera fase que debiera asumirse es la comprensión del sistema de financiación insular, de su arquitectura organizativa. Ésta tiene tres columnas esenciales: el modelo de financiación –que se negocia entre todas las comunidades autónomas, con escasos escenarios bilaterales, y el Gobierno central–, las inversiones del Estado en las Islas y el Régimen Especial. El análisis conjunto de estas tres piezas es el correcto, técnicamente hablando. Confundir modelo de financiación con balanzas fiscales es un error frecuente, de manera que se mezclan conceptos y situaciones, lo cual porta a conclusiones siempre catastróficas: Balears no ha avanzado nunca en su proceso histórico de financiación; siempre existe un dato que abona la sensación de que todo está por hacer. De la misma manera que se invocan indicadores negativos para las Islas –hecho que es claro–, no es menos cierto que Balears ha hecho un recorrido positivo en su lucha por un mejor modelo de financiación; otra cosa son las inversiones estatutarias (que no son todas las inversiones del Estados en las islas) y el desarrollo del REB. En estos dos vectores últimos –que se acabará reduciendo al REB– existe la clave que explica el porqué existe un déficit fiscal de más del 5% s/PIB en Balears, no en el modelo de financiación.
Sobre todo esto, los negociadores deben tener en cuenta que Balears está, ahora mismo, en la media estatal de financiación per cápita, con competencias homogéneas. Esto se desprende de las últimas investigaciones al respecto del CSIC, que sitúa las Islas en un índice ligeramente superior a 100, pocos puntos por encima de la media. Las cifras divulgadas que calculó hace unos meses la Generalitat (con Balears fregando el 100) no aportan esa conceptualización: la comparación en competencias homogéneas. Y eso se pretendió obtener en la legislatura 2007-2011, por parte del Govern y del Parlament, con apoyo de la sociedad civil, que lideró el Cercle d'Economia de Mallorca. Ignorar esto es hacerse trampas a uno mismo: se llegó al objetivo, que ha sido reconocido por el Ministerio de Hacienda y por otras instituciones públicas (CSIC) y privadas (Fundación BBVA). En tal contexto, fallan los compromisos negociados en relación a las inversiones estatutarias y la asunción de un nuevo REB, que parece recuperarse, en este último caso, en fechas recientes. Es decir, no se parte de cero, y debiera reconocerse un dato objetivo: Balears ha pasado de un índice 79 sobre 100 en 2008 a otro que se ubica entorno al 100 ahora: un avance de 21 puntos; más de 650 millones adicionales. ¿Qué sería de la economía pública balear sin esto?