Sánchez intuyó que pactar con Podemos le iba a quitar el sueño, pero como para seguir usando el colchón de La Moncloa era imprescindible la boda, terminó uniéndose en pagano matrimonio, pensando que una pastilla de orfidal solventaría el problema. De los otros socios creyó que con concesiones controladas podría acabar la legislatura sin más destrozos que los gritos de una oposición desprestigiada por el bien engrasado poder mediático, que la acusa de ‘fascista'. El ‘caso Pegasus' ha probado que el chantaje al que está sometido el presidente va más allá de los indultos a unos y los presos por votos a otros; concesiones crematísticas aparte. Sabedores de que Sánchez es capaz de entregarles lo que les pida al coste que sea con tal de mantenerse en el poder, sus socios van subiendo el precio según avanza la legislatura. Ahora, en su empeño por seguir erosionando las instituciones, reclamar la atención internacional y desprestigiar a España, le han exigio el descrédito del CNI y abrir una brecha en la seguridad del Estado.
Conociéndole, resulta lógico que, para gobernar, Sánchez fuera capaz de contar con el partido de unos delincuentes dispuestos a insistir en el mismo delito, cosa que divulgaron a los cuatro vientos y, por tanto, susceptibles de ser vigilados por el CNI. El absurdo es que Sánchez gobierne contra España. Desde el primer momento, se ha puesto del lado de los partidos que persiguen destruirla. Comenzó concediendo los indultos a los sediciosos en contra de la opinión del TS, aun a costa de «ignorar los principios de equidad y justicia al ejercer el derecho de gracia», como se reconoce en los expedientes de indulto; siguió la depuración de los fiscales realizada por su exministra y fiscal general; consiente el boicot en Girona a la presencia de los Reyes para entregar el premio Princesa de Girona; se inhibe ante las maniobras que obstaculizan la decisión de la Justicia de que se imparta un 25 % en castellano en las escuela catalanas… De igual manera ha defendido las medidas propuestas por Bildu respecto a los presos de ETA, en contra de la opinión de las víctimas.
Y ahora, con el ‘caso Pegasus', cuando, por una maniobra urdida en Toronto por un devoto de Puigdemont, esa vigilancia se vende por los organizadores de ‘tsunami democrático' como un abuso totalitario, el Gobierno, en lugar de responder como hizo la ministra Robles, compra esa mercancía averiada como buena. Es grave que el Gobierno, necesitado de su apoyo, haya dado por justo el sobreactuado y fingido enfado separatista y enviara a Bolaños a Barcelona para que pidiera perdón y les prometiera una investigación interna en La Casa. Al ver que esa humillación era insuficiente para calmar a sus socios, doblegó al Parlamento permitiendo que los que pretenden subvertir el Estado tuvieran acceso a las tripas del CNI. Tampoco bastó simular que acababan de enterarse de que al presidente le habían intervenido el teléfono, convirtiéndose así en víctima a través de una rueda de prensa que avergonzaría al más indecoroso de los mortales y lo volvió a intentar en su viaje a Barcelona, donde prodigó elogios a Cataluña y se arrastró ante Aragonès ofreciéndose a mantener una entrevista para satisfacer el ‘tenemos que hablar'.
Para rematar la faena, y en vista de que sus socios, que han mordido en carne blanda, no sueltan la presa, ha segado la cabeza de la directora del CNI y la ha colocado en bandeja de plata en el patio de naranjos de la Generalitat. Y lo ha hecho a pesar de saber que la víctima ha actuado de acuerdo con la ley y cargada de razón profesional, vigilando a quienes a través de Puigdemont estaban tratando de recibir 10.000 soldados rusos y 500 millones de euros para defender la causa independentista. Conocedor también de que el responsable de la brecha de seguridad de los teléfonos de autoridades no es otro que Bolaños. Sánchez no tiene escrúpulos, pero si los españoles permitimos sin queja tanta ignominia, cargamos con parte de la responsabilidad.