Yerran quienes opinan que el cambio radical de rumbo del Gobierno español respecto de los derechos de Marruecos sobre el Sáhara no tiene contrapartida. La nueva postura de España ha sido pagada con el perdón concedido por Mohamed VI a Sánchez por los dos errores que cometió: romper la tradición de que su primer viaje al exterior como presidente fuera a Marruecos y, el más grave, el que hizo montar en cólera al Sultán, la entrada y hospitalización en España de Brahim Ghali, líder del Polisario y su secular enemigo. Ello garantiza a Sánchez relaciones de buena vecindad para el resto de la legislatura, lo que significa la contención de la inmigración ilegal, colaboración contraterrorista, judicial y policial, la persecución de las planeadoras con hachís y la normalización de las relaciones comerciales y las inversiones. Es ésta cuestión importante, pues España es el principal socio comercial de Marruecos y éste, el primer destino africano de nuestras exportaciones, con 20.000 empresas implicadas.
De no haber cometido esos errores, el pago podría haber sido un acuerdo favorable para la explotación de Mount Tropic, el volcán submarino entre Canarias y el Sáhara, rico en telurio y cobalto. Nunca podría ser, como el común demanda, la renuncia de Marruecos a reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla. Estas dos plazas son irrenunciables para Marruecos, lo más que se puede esperar es que se retrase su exigencia de descolonización, pues Abbas el Fasi, líder del Istiqlal, no se cansa de recordarlo en el Parlamento.
El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha sido sugerido a España por los EEUU como consecuencia de la necesidad de que Occidente se confronte con China y Rusia en el continente africano para su control estratégico y de materias primas hoy esenciales.
Sánchez ha tomado esa decisión, a pesar de que tiene el Parlamento en contra, porque le garantiza la paz el resto de la legislatura, sin importarle, como en tantas ocasiones, cualquier otra consideración. Pero es, también, las más razonable y beneficiosa para España. En casi todo, pero principalmente en política exterior, la realidad se suele imponer al derecho y a la justicia; a veces, incluso a la historia.