La semana pasada entró en vigor una nueva ley de tráfico. Una ley que incorpora nuevas novedades para los conductores y para sus vehículos. A los peatones –es lo habitual– estas leyes no les afectan demasiado. Aunque viendo las novedades, casi mejor que no les afecten ya que en caso de hacerlo sería para castigarlos, multarlos o penalizarlos que son, en buen grado, las buenas nuevas que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha.
Y es que el síndrome recaudatorio hace tiempo que trascendió los despachos de los publicanos de la política y de los recaudadores de impuestos de Hacienda para instalarse también en las oficinas de peajes y circulación. Supongo que todavía quedará algún ingenuo que piense que las nuevas novedades de la nueva ley tienen como objetivo alcanzar una circulación perfecta y sin colesterol. Sin embargo, la lectura atenta de esta nueva legislación mosaica hará descubrir hasta al más espiritual de los mortales que de lo que se trata no es de acabar con las infracciones sino de terminar con el clásico utilitario de cuatro ruedas como medio de transporte.
Una ley –por muy legal que sea– que legisla con formas verbales como: será multado, se le sancionará, se penalizará, se le descontará, será castigado, se verá obligado, se prohibirá, será penalizado, se le impedirá, perderá, se le retirará, se suprimirá, se le infringirá una pena,… será una ley muy nueva, muy legal y todo lo que quieras, pero será muy poco positiva y casi nada constructiva. Claro que si a esta ley nacional añadimos las autonómicas y las específicas locales o municipales como las del Ajuntament de Palma, el resultado es sobrecogedor. Vamos, que si el precio de la gasolina ya ha convertido al coche en un objeto de lujo, a partir de ahora circular con él convertirá al conductor en un potencial delincuente.