Recibo con alegría desbordante la noticia de la reforma de la carretera de s'Esgleieta, no sé ya si por librarme cada mañana de atascos kilométricos o porque por fin un gobierno convertirá en realidad un proyecto aprobado hace 15 años. Algunos que soñaban con que sus hijos fueran a la universidad con seguridad, librándose de un camino angosto, sin arcén y con curvas de escasa visibilidad, tendrán que conformarse con que sean sus nietos los afortunados. Tarde, pero llega. Hemos tenido que soportar continuos accidentes, procesiones de cicloturistas, colas eternas y pésimos asfaltados inundados de baches y parches. Un trazado en el que a duras penas caben dos coches y en el que un milímetro de desvío de volante puede lanzarte sobre hermosos campos de almendros, previa ingestión de vallas medianeras porque no hay márgenes laterales.
Una vía que por su uso podría considerarse primaria, pero que por su estado bien podría percibirse de un nivel tan bajo que es inclasificable. Este trayecto conecta dos grandes carreteras, la de Sóller y la de Valldemossa, además de diversos municipios con la UIB, el Parc Bit y Son Espases. Nada más y nada menos que la universidad de Baleares, un parque tecnológico con más de 100 empresas y varios colegios y el hospital de referencia de la comunidad. Cada día circulan por ella cerca de 6.000 vehículos. La espera nos premia con un trazado mejorado que añadirá una vía peatonal y un carril bici, una buena noticia para los buscadores de espárragos que se juegan la vida en primavera y para los ciclistas locales y foráneos que practican un deporte con crecientes adeptos y accidentes mortales. Vamos a ver si así, de paso, fomentamos la movilidad sostenible, económica y saludable.
Que al paso que vamos no hará falta mantenimiento y conservación de infraestructuras viarias, porque con la brutal fiscalidad fijada a los carburantes, con precios en máximos históricos, nos veremos obligados a dejar el coche aparcado en la puerta de casa. Porque ya no basta que el Estado se lleve el 50 % del importe de cada repostaje en gasolina y otro tanto por el inminente impuesto del diésel. Si el asalto a mano armada ya era evidente, el Gobierno prepara una nueva subida de impuestos a los combustibles, para rematar la alarmante inflación –es decir, el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios– liderada por los indecentes costes de la luz. Y lo peor es que la ministra Montero cuenta con la complicidad del FMI, que anima a seguir expoliando a los ciudadanos, no sea que nos quede margen para el ahorro.