La ruta marítima de pateras entre Argelia y Baleares y el incremento de inmigrantes ilegales obligan a reflexionar acerca de la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre el buenismo memo de la izquierda y la radicalidad demagógica de la derecha más conservadora. Antes de que las cosas vayan a peor.
Una serie de titulares de las secciones de sucesos de los medios de comunicación apuntan a la dimensión del problema: menor acogido en un centro público detenido por amenazar a sus monitores; otro menor en la misma circunstancia detenido por violar a una muchacha de 14 años; menor reincidente detenido por agredir desnudo a una educadora del centro de internamiento; en el recuerdo, el escándalo de las jóvenes tuteladas por los poderes públicos prostituidas en la calle, sin que los responsables políticos hayan querido llegar al fondo del asunto mediante la pertinente investigación. Hasta que el asunto sale de las páginas especializadas para alcanzar la portada de los medios: un nutrido grupo de vecinos de Son Roca –una barriada que no goza precisamente de la atención que sería necesaria por parte del ayuntamiento de Palma ni de cualquier otra institución– se ha manifestado frente al centro de acogida Norai con razones imbatibles: «Nuestras hijas no pueden salir a la calle porque algunos internos las intentan violar. Se producen robos, palizas y rompen los cristales de los coches». Las proclamas de los vecinos se dirigían contra los educadores, los menores llegados a la isla no acompañados y contra el Consell de Mallorca, responsable del centro. La tensión ha llegado a tal extremo que los dirigentes de la institución han anticipado a los vecinos su próximo traslado a otro lugar. El culmen lo marca la brutal paliza de un padre que salió en defensa de su hija y otras niñas que se veían acosadas por un menor acogido en el mismo centro. Rotundamente, la violencia no es opción, ni siquiera teórica. Pero es inevitable preguntarse qué habría hecho cualquier padre de familia en la misma situación. Al margen de la precedencia geográfica del agresor o de los protagonistas de incidentes similares. A la reciente operación policial que ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a traer inmigrantes desde Argelia para cometer robos con gran violencia –se les imputan más de 150 delitos– y que utilizaba pisos okupados como punto de operaciones, sin duda le seguirán otras: tampoco en la delincuencia existe el vacío. Otros ocuparán el espacio dejado por esa banda.
El deber humanitario para con los recién llegados, por ilegal que haya sido su entrada, no puede forzar a cerrar los ojos a una realidad tan tangible como que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa a Baleares en los primeros lugares de la tasa de criminalidad, con un 49,2 de delitos y faltas por cada mil habitantes, solo superada por Melilla. Datos de 2020. El año anterior, el portal de estadísticas Statics.com colocaba a las Islas en cabeza de este aciago ránking.
No hay dudas acerca de la necesidad de la aportación de los inmigrantes. De hecho, cuántas labores del campo insular, por ejemplo, quedarían desatendidas sin su trabajo. Pero también es cierto que a los poderes públicos concierne corregir el lado oscuro de una dinámica migratoria imparable.