La total indiferencia es el efecto directo de la subida desorbitada del precio de la luz para los okupas. Probablemente ni se han enterado de los incrementos ni por supuesto de la desazón que puede provocar en hogares y empresas la espera de la factura energética a final de mes. La odisea es la de los propietarios de las viviendas okupadas que deben seguir haciendo frente a los cargos por una electricidad que no consumen, sin la posibilidad del recurso al corte del suministro, so pena de convertirse de víctimas en victimarios.
Los tiempos de pandemia han agravado el problema. Y no se trata de obviar los dramas humanos provocados por la COVID-19, el paro o la pobreza extrema, pero tampoco de mudarlos en oportunidad para un mayor intervencionismo político escasamente respetuoso con la propiedad privada, ni de trasladar la responsabilidad de situaciones sin duda desesperadas a los propietarios, cuyo derecho no conoce diferencias según la pertenencia sea de un particular o de una empresa.
Los bancos tienen mala imagen y el discurso oficial tiende a identificarlos, junto a grandes tenedores de pisos y los llamados con ánimo descalificatorio fondos buitre, como los principales antagonistas, hasta el extremo de relativizar la okupación cuando se trata de propiedades de esas empresas. La conmoción social no es la misma en el caso de una vivienda de una señora que ha debido ausentarse por una estancia hospitalaria, por ejemplo, que si la propiedad es de un banco, cuando en buena lógica la vulneración del derecho es la misma.
El incremento constante de entradas a la fuerza en viviendas obliga a preguntarse en qué medida las iniciativas gubernamentales para paralizar los desahucios pueden haber funcionado como llamada a la patada en la puerta de la casa sin ocupantes, bien vacía efectivamente o momentáneamente ausentes sus moradores.
El decreto antidesahucios tiene su origen en la pandemia y en las sucesivas prórrogas se han ampliado los supuestos para evitar los lanzamientos, al desligar las condiciones de vulnerabilidad de las personas a desahuciar de las consecuencias directas de la pandemia, un hecho que Nacho Cardero (El Confidencial.com) ha calificado como «barra libre para la okupación». Y preguntarse también si el control más o menos laxo sobre las personas arribadas a Baleares en patera puede incidir en las estadísticas futuras de okupación.
A finales del año pasado, en Baleares sólo las denuncias tramitadas ante la policía habían aumentado más de un 13 %, por encima de los 300 expedientes. Los casos más recientes que han tenido trascendencia pública remiten a la ‘casa del terror' de la calle Manacor, el edificio en riesgo de ruina de la calle Joan Mestre o las galerías de la Plaça Major, en Palma. Ni las viviendas del Ibavi, el instituto oficial de la vivienda, se han librado del fenómeno y resultan especialmente atractivas para los okupas.
Para este mes de septiembre la agenda judicial prevé la vista contra el grupo con tintes mafiosos conocido como el clan de los Pelúos, 22 acusados, presuntamente especializados en el ‘alquiler' de viviendas okupadas, verdadero dechado de parasitismo social. Pero PSOE y asociados se oponen a endurecer las penas por okupación y agilizar los trámites para el desahucio.