Pedro Sánchez sabe que los indultos no van a influir en la solución del problema catalán, que solo le van a permitir seguir en La Moncloa y que los indepes se sienten en la mesa de diálogo para marear la perdiz durante dos años, tiempo que coincide con el final de la legislatura y el plazo que se han dado los separatistas para conseguir un referéndum pactado.
En este periodo, además de regarles con dinero europeo y hacer concesiones menores, se les ofrecerá un nuevo Estatut con todo lo que el TS rebajó en su día y algo más, realizando los cambios constitucionales necesarios, para los que sea suficiente la mayoría parlamentaria.
Así como los anteriores presidentes confiaron en que las concesiones aplacarían a la fiera, desde el Gobierno de la República con Macià, que obtuvo la autonomía, hasta Zapatero, con el famoso Estatut, Sánchez percibe que no caben este tipo de apaños. Que el separatismo de hoy, envalentonado durante esta última década, representado no solo por partidos políticos sino también por plataformas que compiten en encarnar la pureza nacionalista, crecidos ante un Estado débil representado por un Gobierno proclive a ir más allá de la Constitución, tiene como único objetivo la ruptura con España.
El presidente confía en acabar la legislatura y presentarse a los nuevos comicios pudiendo decir que ha hecho todo lo posible por encontrar una solución política dentro de la Constitución, pero que las únicas formas viables son convocar unas cortes constituyentes con el encargo de dar a luz una República confederal (su opción) o aplicar el artículo 155 con consecuencias impredecibles.
Pero ese camino no es el único ni el más justo. Existe una mitad de catalanes que, por sentirse también españoles, son las víctimas olvidadas del ‘procés', aplastadas por la hegemonía del poder, de la cultura y de la economía de los otros, que llevan sufriendo el supremacismo y la marginación de unos iluminados. También deberían sentarse sus representantes en otra mesa paralela, para que aporten fórmulas de solución política del problema. Nadie hasta ahora los ha tenido en cuenta: para el Gobierno no existen y los separatistas solo esperan de ellos que se dobleguen a sus imposiciones o que se exilien.