El PSOE de Baleares y el de Valencia, así como el PSC, propugnan que todo el PSOE asuma el federalismo asimétrico como fórmula de estructuración del Estado. Tras la pertinente reforma constitucional, por supuesto. Dejemos ahora de lado la complejidad del cambio de la Constitución, que augura que no se hará de momento. Centremos la atención en la propuesta. La cual ya ha sido contestada por el PSOE de Andalucía, cuyo vicesecretario general ha dicho que el federalismo asimétrico es talmente el confederalismo y que de esto, nada de nada. Tampoco el PP la acepta pues, conocido es, lo suyo es lo que ya decía Alianza Popular en 1977, “España, lo único importante”. Se pueden oponer, pero el sentido común y la lógica política aconsejan la reforma constitucional que el PSC y los PSOE valenciano y balear desean. Porque de lo contrario será imposible tener una estructuración aceptada por todos. España no es un país políticamente homogéneo. Y esta condición significa que –como se decía en tiempos- existen regiones que debe ser tratadas de acuerdo a su “hecho diferencial”. Sí, ya sé que enseguida surgen las voces que contestan: ¿y en base a qué unas regiones sí y otras no si todos los españoles somos iguales? Pues no, oiga. No somos iguales. O mejor dicho: lo somos en cuanto que tenemos el derecho sustancial a luchar por la diferencia que creamos mejor para nosotros mismos. Que es lo que han hecho los ciudadanos del País Vasco y de Cataluña que han votado y votan mayoritariamente a los nacionalistas desde que tienen Parlamento propio. Y en el resto de España, no. Esto significa que ellos quieren ser diferentes políticamente al resto. Un resto en el que los baleares por ejemplo, votamos en esencia igual que los extremeños, andaluces, aragoneses, valencianos, murcianos y etcétera. Sí, con el añadido minoritario de Més, cuya presencia –igual que en su momento fue la de UM- no desdice para nada la evidencia. No somos nacionalistas. Vascos y catalanes, sí lo son. Cuando se entiende esto, tan sencillo, la conclusión se impone. País Vasco y Cataluña deben tener un trato constitucional acorde con esa realidad política. No por fetichismos históricos, no por cuestiones lingüísticas, no por nada más que la voluntad democrática expresada reiteradamente por sus ciudadanos. Así de simple.