El Govern ha iniciado la revisión de todos los contratos que adjudicó el anterior Ejecutivo liderado por Armengol a las empresas mencionadas en el informe redactado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el ‘caso Koldo’ y la trama de Santos Cerdán, que ha cerrado abruptamente su etapa como secretario de Organización del PSOE y también ha dimitido como diputado. Entre estos contratos aparece la construcción del centro de dependientes en Son Dureta, presupuestado en 9,3 millones de euros, adjudicado a una constructora que se declaró en quiebra y abandonó las obras. La onda expansiva de este informe de la UCO, que también ha provocado la expulsión del exministro y exnúmero 3 del PSOE José Luis Ábalos, ha abierto una crisis política con doble epicentro, en La Moncloa y Ferraz.
Pedro Sánchez, acorralado.
Todas las miradas se dirigen a Pedro Sánchez, que está siendo severamente cuestionado por una facción del propio PSOE, por los socios de investidura y la oposición. PP y Vox califican la situación de «insostenible» y reclaman la convocatoria de elecciones anticipadas, a lo que se niega el líder socialista al considerar que sería una irresponsabilidad. Este clima de máxima tensión política se coló este martes en el pleno del Parlament con severos reproches entre PP y PSOE, que no dudaron en echarse en cara sus casos de corrupción.
Sospechas sobre el Gobierno y el PSOE.
El PSOE debería actuar con más rapidez y contundencia para disipar las sospechas que se ciernen sobre el partido y el propio Gobierno. Una comisión de investigación tardará meses en llegar a conclusiones claras. De hecho, Pedro Sánchez debería ser el primer interesado en conocer el alcance real del ‘caso Koldo’. Es la única manera de intentar recuperar la credibilidad del proyecto socialista. No hay otro camino.