Baleares ha quedado excluida, por el Gobierno de Pedro Sánchez, de los planes de inversión, que aprobó recientemente el Consejo de Ministros con una dotación de 752 millones, para llevar a cabo obras de mejora, adecuación y modernización de las infraestructuras del ciclo del agua. Una quincena de actuaciones en Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias y Galicia, que son las regiones beneficiadas por la modificación del convenio de gestión directa de la sociedad mercantil nacional Aguas de las Cuencas de España. Esta decisión del Ejecutivo, tiene su origen en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, que recientemente relevó a Teresa Ribera. De las nuevas obras aprobadas, entre las que no hay ninguna para Baleares, diez están relacionadas con el saneamiento y depuración de aguas residuales, otras cuatro son de abastecimiento y la última se destinará a la reutilización de aguas residuales.
Deficiencias y necesidades.
Baleares es una de las comunidades que mayores deficiencias y necesidades presenta en materia de equipamientos e infraestructuras para el suministro de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. Numerosas estaciones depuradoras necesitan ser ampliadas y modernizadas, además de las que deben ser construidas, junto con las desalinizadoras.
Aportación del Gobierno central.
El Govern anunció hace un año que durante esta legislatura destinará hasta 600 millones de euros al ciclo del agua. Una inversión que prevé financiar con el canon de saneamiento, el Impuesto de Turismo Sostenible y el factor de Insularidad. También debería contar Baleares con la aportación del Gobierno central, a quien corresponde dar explicaciones sobre la exclusión de las Islas de estas inversiones estatales que suman 752 millones de euros.