La decisión del Govern de apartar de forma repentina y en mitad del juicio del ‘caso Calanova’ al abogado de la Comunitat ha provocado una gran sorpresa en ambientes jurídicos. Con el inesperado cambio, la Abogacía ha rebajado el tono acusatorio contra el principal acusado, el exconseller popular de Turisme Carlos Delgado. Hay que recordar que el juicio llevaba ya ocho sesiones, por lo que el giro ha causado extrañeza. Desde el Govern intentaron salir al paso de la polémica explicando que es «habitual» que en un procedimiento de la complejidad técnica de Calanova intervenga más de un letrado de la Comunitat. Esta justificación es cierta a medias, porque la realidad es que si hay más de un letrado personado lo normal es que todos ellos empiecen el juicio desde su inicio, y no como ha ocurrido en esta ocasión. Hasta la fecha, solo había estado presente el responsable del Área penal de la Abogacía, Joaquín Eduardo Tomás Marín, que ahora ha sido sustituido por Jesús García Garriga. No hay que olvidar que el propio Delgado, desde siempre, ha criticado abiertamente el papel de la Abogacía.
Indemnizaciones millonarias.
El asunto, con todo, no es baladí. El Govern se arriesga a tener que pagar indemnizaciones millonarias. De hecho, si la causa penal fracasa el ejecutivo autonómico podría verse con una condena en otro procedimiento y tendría que afrontar entonces penas muy elevadas. La Abogacía, hasta el momento, había sido una de las acusaciones más combativas en los interrogatorios a acusados y testigos del ‘caso Calanova’.
Responsables.
Algunos apuntan a Antònia Perelló, jefa del órgano judicial de la Comunitat, como responsable del cambio de letrado, que ha conllevado el referido nuevo tono adoptado en el juicio el pasado jueves. Perelló fue diputada autonómica del PP, entre otros cargos.