El Ajuntament de Palma ha recibido dos sentencias condenatorias porque no actuó a tiempo después de que ciudadanos denunciaran ruido excesivo por obras o locales del Passeig Marítim. Se trata, sin duda, de un caso muy grave porque los particulares tienen todo el derecho del mundo a un descanso digno y las autoridades municipales, a través de la Patrulla Verde de la Policía Local, deben velar por este principio. Lo más grave del asunto es que los afectados por la contaminación acústica llevaban lustros sufriendo los estragos, que pueden llegar a ocasionar daños severos para la salud. No es nuevo afirmar que Palma es una ciudad ruidosa y que algunas zonas de ocio nocturno de la capital, como La Lonja, el barrio de Santa Catalina o el Marítimo, llevan mucho tiempo convertidas en zonas hostiles para los residentes, que no pueden descansar como sería deseable.
Contundencia policial.
Pero la acción municipal tiene que ir ligada también a la policial y la Patrulla Verde (desmantelada en la época de las instrucciones desastrosas del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán) durante mucho tiempo ha dejado mucho que desear en cuanto a su contundencia. Son numerosos los particulares que se han dirigido al cuartel de San Fernando durante este tiempo para denunciar ruidos insoportables, sobre todo en horario nocturno, y no han recibido una atención profesional.
Vehículos trucados.
Los locales no son los únicos que contaminan. De un tiempo a esta parte, la Policía Local recibe muchas quejas de ciudadanos que se despiertan sobresaltados por la noche al escuchar un ciclomotor o un vehículo con el motor trucado circulando a toda velocidad por su calle. Los controles, en este sentido, son escasos y las sanciones económicas para los conductores deberían ser más duras.