De los cambios que introducirá el Govern de Prohens en la actual normativa urbanística, uno de los aspectos más llamativos es que los infractores en suelo rústico serán ‘amnistiados’ si no son detectados en los ocho años siguientes a la edificación irregular. Se trata, sin duda, de una medida polémica y que va a provocar controversia. Esta norma se aprobó durante los primeros años de autonomía y bajo la presidencia de Gabriel Cañellas, pero en 2016 Francina Armengol la modificó y ahora Marga Prohens la ha recuperado. Según algunas estimaciones, en Balears hay unas 30.000 viviendas ilegales, construidas en las últimas décadas. El nivel de infracción varía de forma ostensible: en algunas edificaciones en rústico hay algunos metros cuadrados que no coinciden con el proyecto original aprobado por el correspondiente ayuntamiento y en otros casos, los más sangrantes, los propietarios han levantado chalets descomunales con piscina y zonas deportivas sin ningún tipo de licencia, en áreas protegidas de especial valor. Indudablemente, el peso de la ley cae con más fuerza sobre estos últimos particulares.
Polémica política.
Los partidos progresistas no han tardado en condenar esta modificación urbanística, sosteniendo que este decreto del Govern es una «barra libre a la depredación del territorio». La norma, incorporada en el decreto de simplificación urbanística, se someterá a votación la próxima semana y el Govern todavía trabaja en algunas modificaciones.
La sombra de las catástrofes.
El Fòrum de la Societat Civil también ha pedido a la presidenta Prohens que no permita que se legalicen obras ilegales en suelo rústico, y ha remarcado que muchas de estas construcciones irregulares se han edificado en zonas inundables. No obstante, el Govern tiene claro que su política de amnistías es la adecuada y ha decidido volver al pasado.