El Govern Prohens, a través de su vicepresidente y conseller de Economia, Antoni Costa, advierte de que los 127 millones de euros que recibirá Balears por el denominado factor de insularidad y no cierra la puerta a ninguna reclamación ni reivindicación. Estas inversiones adicionales para compensar el hecho insular forman parte del Régimen Especial de Balears, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2019, pero su reglamento -que concreta la aplicación efectiva del REB- se demoró más de cinco años y no obtuvo la luz verde del Consejo de Ministros hasta julio de este año. Los 127 millones, precisa Costa, no constituyen ninguna sorpresa y corresponden al desarrollo del REB, que se había demorado hasta la aprobación del reglamento. La gran asignatura pendiente de Balears, cuestión en la que el Govern del PP y las formaciones hoy en la oposición, han de mostrarse exigentes ante el Gobierno central, es en la reforma de la financiación autonómica. El actual sistema caducó hace diez años y sigue en vigor.
449 millones para otras comunidades
Este modelo, aprobado en julio de 2009 con la abstención del PP, perjudica a Balears al aportar más de lo que recibimos. Las Islas volveremos a ser, durante el 2025, una de las tres comunidades que dejará de ingresar recursos propios de nuestros impuestos para destinarlos a la solidaridad con otros territorios. Vuelve a ganar el Estado, perdemos en Balears porque la factura de esta solidaridad interterritorial ascenderá, el próximo año, a 449 millones.
Inaplazable revisión de la financiación
En una palabra, el once por cien del esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Balears se destinará a financiar los recursos básicos de otras comunidades de España. El REB no basta para que este Archipiélago reciba el tratamiento fiscal que se merece. La revisión de la financiación autonómica es inaplazable para que, de una vez por todas, seamos una comunidad de segunda.