El Govern ha cumplido con su obligación y ha abonado en el Tribunal Superior de Justicia la indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de la urbanización Muleta II en el Port de Sóller. La Sala, sin embargo, ha tomado una medida cauta: retener los fondos para garantizar que, en primer lugar, revierten en el pago de las deudas millonarias que mantiene el empresario alemán. Solamente Hacienda le reclama más de 13 millones de euros por impagos fiscales arrastrados desde hace décadas.
Moroso
La indemnización le corresponde a una de las empresas de Kühn, Birdie Son Vida, que es una de las que está bajo concurso de acreedores por una situación de insolvencia que se remonta a 2016. Si fuera una mercantil convencional, los fondos le llegarían de forma inmediata y el administrador concursal se encargaría de pagar y que, el resto, permaneciera en la sociedad. Ocurre, que el grupo de Kühn es una maraña de empresas cruzadas que, según sostiene la Fiscalía, tenía como propósito aislar en unas los bienes de todas y derivar a otras las deudas. Ese lío tiene que ser esclarecido por un juzgado de lo Mercantil para garantizar que todos los acreedores, incluidas las administraciones públicas puedan cobrar.
Sospecha
La cautela del TSJIB también está justificada por otro motivo. Una de las causas que han provocado la apertura de una investigación penal contra el empresario alemán es una posible maniobra para dejar los 96 millones fuera del alcance de Hacienda. Anticorrupción ha denunciado un sospechoso cambio de manos de la empresa depositaria a través de los hijos de Kühn y de su mujer, Norma Duval, para que quede fuera de la esfera del grupo. La enorme cuantía de la indemnización permitirá a Kühn recibir mucho dinero. Lo lógico es que sea después de saldar sus deudas.