El reportaje sobre los problemas a que se enfrentan los vecinos de la barriada palmesana de Cas Capiscol (página 18) revela problemáticas que deberían poner en alerta a los servicios sociales del Ajuntament de Palma e incluso del Govern. La okupación de la vieja cárcel de Palma, que en la actualidad acoge a más de ochenta ‘inquilinos', algunos de ellos peligrosos delincuentes, no es fácil de atajar. Los sucesivos ayuntamientos, incluido el que ahora dirige el alcalde ‘popular' Jaime Martínez, han anunciado proyectos estrella para las instalaciones, pero lo cierto es que a día de hoy siguen en un estado lamentable y son escenario de infinidad de incidentes. Allí se han cometido atracos, palizas, agresiones sexuales e incendios intencionados. El recinto se ha convertido en una pequeña ciudad sin ley, la cara oculta de una Palma que busca codearse con las primeras ciudades europeas.
Personas sin hogar.
Al estado de abandono en la antigua prisión, hay que añadir el creciente número de personas sin hogar que malviven en parques y descampados, que se ven obligadas a levantar tiendas de campaña y habitáculos improvisados porque no tienen otro sitio donde ir. La Administración no puede mirar para otro lado.
Y ‘Corea', muy cerca.
Este escenario desolador lo completa la situación de algunas de las viviendas de ‘Corea', en la cercana General Riera, foco continuo de incidentes y donde el tráfico de drogas se está extendiendo por la presencia de clanes desterrados de Son Banya que hacen su agosto en aquellos pisos. Aunque las entidades vecinales batallan por limpiar la imagen de la zona es necesario que las instituciones, en este caso el Ajuntament de Palma, se involucre, atienda las demandas de los residentes y resuelva unos problemas enquistados cuya solución no puede demorar durante más tiempo.