El policía local de Palma detenido la semana pasada por alquilar un total de 73 infraviviendas en condiciones insalubres a inmigrantes en situación irregular ha quedado en libertad y sigue cobrando las rentas como si nada hubiera ocurrido. Como revela este diario en su edición de hoy, los alquileres oscilan entre los 300 y los 750 euros y se trata de trasteros y sótanos de tamaño muy reducido, de entre 8 y 15 metros cuadrados. Son, a todas luces, unas condiciones indignas para vivir y los cuartos están ubicados en las barriadas de Gomila, proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y s'Indioteria. En muchos de estos habitáculos indignos habitan ‘sin papeles', que temen denunciar ante el riesgo de ser expulsados, y menores de edad. Todo un drama social.
Un auténtico peligro.
La investigación de la Policía Nacional se inició después de que el agente fuese denunciado por parte de la Conselleria de Vivienda del Govern por unas supuestas infracciones de salubridad en unos habitáculos que eran utilizados por inmigrantes irregulares como vivienda. Los trasteros carecían de iluminación y ventilación. Además, en los escasos metros cuadrados se juntaban un wáter, ducha, horno y frigorífico, y en algunos cuartos se encontraron bombonas de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape. Se trata, pues, de un peligro para los inquilinos, que deben soportar esas condiciones inhumanas porque carecen de recursos económicos y de papeles.
¿Sin consecuencias?
El problema estriba en que tras su detención, el veterano policía ha quedado en libertad y sigue cobrando y gestionando las infraviviendas, como si la cosa no fuera con él. Las autoridades no pueden permitir este pulso y los trasteros deberían ser precintados porque suponen un riesgo para la salud de sus moradores. Las instituciones siempre deben velar por los derechos de los colectivos más vulnerables. Y en este caso, el fraude cometido clama al cielo.