Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, responsabilizan al Gobierno de la baja calidad de los principales servicios que la Administración del Estado ofrece en Balears debido a la falta de personal. El cálculo de estas centrales es que serían necesarios un millar de funcionarios para poder atender la gestión que demandan los ciudadanos en áreas como los de Extranjería, Empleo o la Seguridad Social. Las razones de esta situación radican en la perpetuación de las bajas debido al escaso incentivo que tienen para los trabajadores públicos el desplazarse a las Islas, circunstancia agravada con el fuerte incremento de la población registrado en los últimos años.
Un colapso crónico.
Este escenario, por desgracia, no es nuevo en Balears. De manera cíclica se repiten situaciones similares que afectan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia, aunque la soluciones definitivas se demoran hasta que las reivindicaciones caen en el olvido. Resulta obvio que los servicios del Estado han alcanzado el colapso, los trámites se eternizan y la atención a los ciudadanos es ya prácticamente inexistente; el personal está desbordado sin que nadie desde el Gobierno se apreste a dar soluciones. Hay que convenir que se ha llegado a un punto insostenible.
Discriminación permanente.
Balears en las condiciones que el Gobierno ofrece a los trabajadores públicos es un destino a evitar, entre otras razones debido a que los incentivos para contrarrestar la insularidad –muy inferiores a los que se ofrecen en Canarias– son insuficientes. Los costes de la vivienda y del propio nivel de vida en las Islas hace que los funcionarios eviten cubrir las vacantes disponibles, de este modo se prolonga una situación en la que los principales perjudicados son los contribuyentes. Es el momento de que nuestras instituciones también levanten la voz y exijan soluciones inmediatas.