Hoy publicamos en exclusiva la primera entrevista que concede a un medio de comunicación Bartolomé Cursach, el empresario mallorquín que fue objeto de la mayor investigación policial y judicial de Balears –y una de las más largas y sonadas de España– por supuesta corrupción generalizada y que ha acabado en un fracaso mayúsculo de la Justicia. De hecho, el propio fiscal del caso, Tomás Herranz, tuvo que pedir públicamente disculpas a todos los acusados en la última sesión del juicio en la Audiencia de Palma, cuando ya habían sido absueltos.
La indefensión frente a la injusticia.
El testimonio de Cursach es, prácticamente, el mismo que puede hacer un policía local o funcionario implicado en la macrocausa. Y hay que recordar que hubo más de un centenar de acusados. Muchos de ellos eran inocentes y se vieron arrollados por la maquinaria que puso en marcha el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán. Algunos perdieron sus casas, otros se separaron y la mayoría quedaron sumidos en profundas depresiones, con dramáticos apuros económicos y una reputación arruinada de la noche a la mañana. A pesar de que había ciertos agentes corruptos en la Policía Local de Palma se quiso generalizar una corruptela que solo existía en las mentes de los desacreditados testigos protegidos de juez y fiscal.
El daño real nunca podrá ser cuantificado.
Mucho se ha escrito sobre los millones de euros que tendrá que pagar el Ajuntament de Palma para compensar el desastre judicial y el alud de absoluciones. Sin embargo, el daño real de esta causa nunca podrá ser cuantificado porque hubo en juego algo más que cifras económicas: personas. Con una vida normal que, de repente, cambió para siempre. Y en la mayoría de los casos de forma irreversible. En breve, los acusadores de antaño –exjuez, exfiscal y Grupo de Blanqueo– serán juzgados por su mala praxis durante años. Pero el descrédito judicial será complicado de reparar.