La proposición de ley que presentaron ayer de manera conjunta el PSOE y Unidas Podemos para rebajar las penas del delito de sedición ha provocado, como era fácil suponer, una enorme polvareda política. El cambio supondrá pasar de 15 a 5 años de cárcel la condena por desórdenes públicos agravados, una modificación en el Código Penal español que los promotores justifican para equiparar la legislación al resto de países europeos con figuras similares. Las fuerzas políticas de la oposición –PP, Vox y Cs– han criticado con una dureza extrema el paso político promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que también ha sido contestada por algunos barones socialistas, como los de Aragón y Castilla-La Mancha.
Exigencia del independentismo.
Sánchez ha decidido dar luz verde a una de las exigencias más emblemáticas del independentismo catalán, en especial de Esquerra Republicana de Catalunya, para seguir dando su apoyo al Gobierno. Los socialistas están en minoría y precisan de votos externos para poder asegurarse estabilidad institucional, un coste que debe asumirse desde el primer momento; este es el auténtico trasfondo de la arriesgada decisión que avala el propio presidente. La incomodidad generada en amplios sectores de la sociedad española –incluido el colectivo judicial– pone a prueba el liderazgo de Pedro Sánchez ante una cuestión tan delicada como es la del movimiento secesionista catalán.
Huir del inmovilismo.
Desencallar el conflicto existente en Catalunya a cuenta del independentismo exige abrir un nuevo período en las relaciones institucionales de esta comunidad autónoma con el Estado, y para ello es preciso tomar algunas iniciativas como la presentada en el Congreso. Habrá que ver si el pretendido efecto balsámico de la reivindicación independentista que se le atribuye surte efecto; para ello hace falta tiempo y saber si el éxito culmina esta apuesta.