El tipo fiscal en Balears que grava las operaciones inmobiliarias para la adquisición de casas de lujo –por encima del millón de euros– es el más alto de toda España, un 11,5 por ciento. Esta circunstancia sitúa al Govern en las antípodas de la normativa de la Comunidad de Madrid, cuyo gravamen es fijo –un 6 por ciento–, con independencia del importe de la operación. Puede resultar llamativo el liderazgo balear en la presión fiscal para este tipo de operaciones, pero a la vista de la euforia que se vive en el mercado de las viviendas más exclusivas de las Islas no parece que tenga ningún efecto disuasorio. En este sentido, desde la Conselleria d'Economia se advierte que no figura entre sus planes una modificación a la baja de estos tributos.
Justicia fiscal
Mucho se ha avanzado en la toma de conciencia social sobre la necesidad de cumplir con las exigencias fiscales. Es un pilar básico para la calidad de unos servicios públicos en la sanidad, la educación o la asistencia a los más desfavorecidos. Es por ello que no tiene sentido pretender crear pequeños paraísos fiscales dentro del Estado para atraer determinadas inversiones y menos cuando éstos benefician a colectivos como el de quienes quieren hacerse con una casa millonaria. Este segmento de contribuyentes –y lo que ocurre en Balears es una buena prueba de ello– no se mueve en base a estos parámetros; si le interesa, paga.
Favorecer las rentas bajas
En esta misma línea es razonable que se trate de favorecer a los contribuyentes con rentas más modestas cuando adquieren una vivienda; por lo tanto, la rebaja en este sentido está más que justificada. La misión de los gestores de la hacienda pública –local, autonómica o estatal– es crear un marco tributario justo en el que se cumpla el principio de que paguen más quienes más tienen sin generar un clima de desincentivación del gasto y la inversión. Es un equilibrio tan complejo como necesario.