La titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Palma introduce un aspecto novedoso y determinante en su sentencia sobre la okupación de un inmueble de la calle de Emili Darder de Palma en mayo de 2019: la consideración de banda criminal. El fallo es, en este aspecto, inédito en Baleares –sólo existe un precedente similar dictado en un juzgado de Cádiz– al desenmascarar la actividad de determinadas invasiones colectivas de viviendas, una práctica que sigue siendo una amenaza pendiente de erradicar. Lo ocurrido en la finca por estrenar de Emili Darder, cuando faltaban poco días para su entrega a los propietarios, es el relato de un asalto, usurpación y extorsión al promotor por parte de un grupo dispuesto a hacer de este proceder su modo de vida.
Un problema complejo.
La okupación es un fenómeno reciente en el que confluyen diferentes cuestiones, desde el desorbitado encarecimiento del acceso a la vivienda –tanto en régimen de compraventa como de alquiler– hasta un modo de expresión de protesta política radical. No es, por tanto, una cuestión sencilla de resolver. Su proliferación –amplificada por algunos sectores de manera interesada– figura entre las preocupaciones prioritarias de la sociedad. De hecho, algunos de los episodios son una clara expresión de descaro que se contrapone a casos de auténtica necesidad; escenarios en los que siguen faltando herramientas legales eficaces para resolver los conflictos.
Evitar el negocio.
El fallo del juzgado deja al menos fuera de la consideración más benevolente a quienes asaltan la propiedad privada sin otro fin que la de extorsionar a sus legítimos propietarios de manera premeditada. El fin no es otro que obtener pingües beneficios con la amenaza de la protección de las leyes. En esta ocasión, el truco no ha funcionado y los autores acabarán en prisión. Un capítulo nuevo en la okupación.