Boris Becker compró en 1997 la finca de Son Coll, en el municipio de Artà y de 240.000 metros cuadrados, por el equivalente a 500.000 euros actuales. Lo que parecía un refugio para el extenista se convirtió en una fuente de problemas y litigios.
Inició unas obras de reforma y el Tribunal Superior de Justicia de Balears dictaminó en 2003 que se había construido ilegalmente en parte, y el extenista tuvo que llevar a cabo la demolición de 500 metros cuadrados construidos de forma ilegal.
Antes hubo intentos para legalizar las obras por parte del Consell, pero todas cayeron en saco roto y, al final, el extenista fue objeto de una sanción superior a los 200.000 euros, además de la obligación de demoler lo ilegal.
En 2007 el TSJB desestimó un recurso de Becker para evitar el pago de la multa y en 2014 la finca fue embargada por impago de una deuda de más de 400.000 euros. La edificación principal salió a subasta, pero no se llegó a completar la operación. Siete años antes, Becker intentó vender la casa por unos 15 millones, pero no salió ningún comprador.
La casa quedó deshabitada tras años de litigios y en 2018 llegó el primer inquilino que la ocupó: Georg Barres.