EFE-LONDRES
Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la existencia de «informes sobre tortura y malos tratos» policiales en España y por la situación que afrontan los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el país. El informe de la organización defensora de los derechos humanos referido a 2006, destaca que «siguió habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en una situación acompañada en muchos casos de impunidad».
Esta circunstancia se ha visto agravada «por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes», dice AI, que se remite a un estudio publicado por SOS Racismo, según el cual en uno de cada tres casos de violencia racista en España «los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley».
En concreto, cita «la detención en régimen de incomunicación».El capítulo más extenso es el que lleva el epígrafe «Migración y asilo», en el que AI denuncia que en 2006 «se siguieron dictando órdenes de expulsión contra migrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación».
La organización se apoya en los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que indican que en los primeros meses del año se registraron 2.504 solicitudes de asilo, de las que 2.165 fueron rechazadas. El informe recoge el cambio en las rutas migratorias hacia España y la llegada durante el pasado año de más de 31.000 solicitantes de asilos y migrantes indocumentados africanos a las islas Canarias.
AI llama la atención sobre la investigación de la muerte de al menos 13 inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla (ciudades españolas en el norte de Africa) en 2005, que aún no ha permitido «identificar ni castigar a los responsables».
Alude también a lo ocurrido en julio de 2006, cuando tres inmigrantes más murieron al intentar cruzar la frontera de Melilla, después de que la policía española disparara balas de goma a modo de aviso y las fuerzas marroquíes utilizaran munición real.
AI señala que «tres días más tarde, el gobierno (español) aprobó una partida de 10,5 millones de euros de ayuda a Marruecos para medidas de control de la frontera sin imponer ninguna condición relativa a los derechos humanos ni pedir explicaciones por las muertes ocurridas en la frontera en 2005 y 2006», mientras, se enviaron inmigrantes de regreso a Marruecos cuando se podía demostrar su procedencia.