En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explicó que considera que la ley española «no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos ya sometidos a la evaluación de impacto ambiental». Las autoridades europeas manifestaron su preocupación de que la directiva de 1997 se aplique sólo a los proyectos aprobados después de 2000.
Bruselas denunciará al igual que a España, a Bélgica, Italia y el Reino Unido también para que cumplan la legislación comunitaria que exige realizar una evaluación de impacto ambiental, ya que «es un medio importante de poner sobre aviso a las autoridades sobre los efectos potenciales de los proyectos en el medio ambiente y en la población».
Esta Directiva exige a los estados miembros realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre determinados proyectos públicos y privados, antes de ser autorizados, cuando se cree que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente. Este estudio es obligatorio para proyectos como autopistas, aeródromos y centrales nucleares.El objetivo es determinar y describir los efectos medioambientales de los proyectos y evaluar si conviene aplicar medidas preventivas o de atenuación. Durante el procedimiento, la población puede aportar opiniones y expresar sus preocupaciones sobre el proyecto de modo que los resultados de esta consulta han de tenerse en consideración en el proceso de autorización.
Para otros proyectos tales como los urbanísticos, turísticos y de actividades recreativas, enumerados en el anexo II, los estados miembros deben poner en práctica un sistema de selección que permita determinar cuáles han de someterse a la evaluación.