El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera, sobre el accidente del «Prestige», que «sigue faltando» una información «completa» y «objetiva» por parte de las administraciones central y gallega.
En un escrito remitido al Movimento polos Direitos Civís, con sede en Santiago, el Defensor del Pueblo señala que «el propio asunto era de unas dimensiones tales, con unas consecuencias tan amplias y profundas, que podía exigirse a los poderes públicos implicados, y en el presente caso estos eran las administraciones General del Estado y la Xunta de Galicia, un tratamiento coordinado».
Según las consideraciones de Múgica, «este tratamiento coordinado, el ofrecimiento al público de una información sistemática, completa y objetiva, ha faltado y sigue faltando».
En cuanto a algunas de las recomendaciones dirigidas a la Xunta, el Defensor entiende que la respuesta por parte de la Administración autonómica «no puede entenderse sino como no aceptación de las recomendaciones relativas a efectuar una investigación de oficio». Múgica achaca a la Xunta en su documento la «falta» de una investigación en el seno de esta Administración.
Al Ministerio de la Presidencia, el Defensor dice que la escueta respuesta recibida por la Administración General del Estado, «significa que nuestras recomendaciones serán archivadas y pasarán a un definitivo olvido, es decir que no son aceptadas».
«El propio asunto era de unas dimensiones tales, con unas consecuencias tan amplias y profundas, que podía exigirse de los poderes públicos implicados -las administraciones General del Estado y la Xunta- un tratamiento coordinado».