El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 390.657,8 euros (65 millones de pesetas) impuesta a Repsol Petróleos SA por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, tras el accidente que en 1996 causó la muerte de cuatro trabajadores en las instalaciones de esa empresa en Puertollano (Ciudad Real).
La sentencia desestima el recurso interpuesto por Repsol contra la dictada por el TSJ de Castilla-La Mancha de 2000, confirmando la resolución del Ejecutivo de esa Comunidad de julio de 1997.
Los hechos se remontan al 26 de agosto de 1996, cuando la explosión producida en una caldera de vapor de la citada empresa causó la muerte de cuatro trabajadores de dos empresas contratistas y lesiones a otros cuatro.