El anteproyecto de ley de Prevención del Consumo de Alcohol, que el Gobierno prepara para limitar el fenómeno del «botellón», incluye además de la prohibición de beber en la calle la de hacerlo en los lugares de trabajo, lo que podría sancionarse hasta con 24 fines de semana de tareas sociales. El anteproyecto establece la prohibición de «cualquier forma de venta o dispensación de todo tipo de bebidas alcohólicas» a los menores de 18 años -dos años más que antes-, y no se podrá vender ni consumir alcohol en «lugares, vías o transportes públicos cuando se altere la tranquilidad ciudadana o el derecho a la libre circulación de personas».
Consumir alcohol en la calle estará sancionado, «si los infractores tienen 16 o más años», con la realización de trabajos de interés social entre 4 y 24 fines de semana, la «reprensión privada del infractor, con comunicación simultánea a los padres, tutores o guardadores» y la suspensión del permiso de conducir cualquier vehículo de uno a seis meses.
Si el que bebe tiene más de 18 años, además podrá ser castigado con una multa de entre 100 y 600 euros o el triple del valor de los daños producidos en la vía pública o en el recinto de que se trate; y no podrá obtener permiso de armas durante un plazo de uno a seis meses, el mismo periodo en el que no podrá «visitar lugares o recintos de ocio, recreo, espectáculos deportivos y establecimientos donde se vendan bebidas alcohólicas».