La Unión Europea (UE) alcanzó ayer un acuerdo para ratificar el Protocolo de Kioto de recorte de emisiones de gases contaminantes, con el que se aproxima la entrada en vigor de este importante acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático. Los ministros de Medio Ambiente de la UE lograron el acuerdo en su primera reunión bajo presidencia del ministro español Jaume Matas, que consiguió que los Quince superaran los últimos obstáculos para obtener esta decisión, explicaron fuentes de la presidencia.
El acuerdo abre la vía a la ratificación, tanto por parte de la UE en su conjunto como de los Estados miembros individualmente, de ese documento base para la lucha internacional contra los efectos nocivos de la industrialización sobre la vida terrestre. Diferencias sobre la fórmula para aprobar la decisión, es decir, acerca de si debía alcanzarse por mayoría o unanimidad, impidieron durante la mañana lograr el compromiso definitivo, según añadieron fuentes del Consejo, que dieron también por conseguido el acuerdo.
Además, acordaron que en 2006 se hará, sobre la base de una propuesta de la Comisión Europea, una traducción en toneladas de dióxido de carbono de los porcentajes de recorte asignados a cada país, con la posibilidad de introducir nuevos elementos en el cálculo de cada cuota. Mientras esto sucedía en Bruselas, en España, Comisiones Obreras denunció ayer que España ya ha duplicado sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las cantidades que permite el Protocolo de Kioto para nuestro país. Así, según un informe del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) las emisiones de los seis gases de efecto invernadero han aumentado en España un 28'97 por ciento entre el año base de 1990 y 2000.
Por otro lado, la Comisión Europea recibió ayer críticas de base a su propuesta de legislación sobre reparación de daños medioambientales, que algunos Estados miembros de la UE estimaron demasiado comprensiva hacia los contaminantes. El Consejo de Ministros de Medio Ambiente planteó un primer debate sobre la propuesta de directiva (ley-marco), presentada por la Comisión el pasado enero, y a la que la mayoría de los Estados comunitarios criticaron las excepciones previstas, el trato reservado a los contaminantes y su ámbito de aplicación.