El texto, que entrará en vigor el próximo verano, iniciará en las próximas semanas su tramitación parlamentaria. La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, afirmó que con esta nueva Ley el Gobierno ha querido reforzar el compromiso con la implantación de la sociedad de la información para todos. La normativa ha sido elaborada por Ciencia y Tecnología en colaboración con Justicia, Economía, Sanidad y Consumo y ha contado con la colaboración de todo el sector.
El anteproyecto engloba dentro de los servicios de la sociedad de la información no sólo la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, sino también el suministro de información por este medio y las actividades de intermediación para la provisión de acceso a la Red. La ley, que sólo afectará a las actividades comerciales y no a las páginas personales que no generen ingresos a sus titulares, establece sanciones para las irregularidades "cuya cuantía podrá oscilar entre los 3.000 y 600.000 euros" y estipula determinadas responsabilidades sobre los contenidos que circulan por la red.
Al tiempo que establece sanciones para irregularidades en el comercio electrónico, refuerza la protección de los usuarios frente al envío de publicidad no solicitada por correo electrónico. La ley garantiza, además, la protección de los datos personales y estipula determinadas responsabilidades sobre los contenidos que circulan por la red. «La ley se limita a regular aquellos aspectos que son propios de la especialidad del medio, sea Internet o las otras comunicaciones electrónicas, empleados para la prestación de servicios». Así, los proveedores de servicios de Internet no tendrán que supervisar los datos que transmitan o almacenen, pero deben colaborar con las autoridades para evitar o poner fin a la comisión de delitos o actividades ilícitas en la red.
Esta nueva Ley de Internet lo que hace realmente es equiparar las reglas del juego de la compra-venta tradicional al medio virtual. A partir de la entrada en vigor de esta normativa quien quiera vender en la red deberá identificarse, los productos prohibidos o ilegales podrán retirarse y un juez, "sólo un juez, según reiteró Birulés" podrá ordenar el cierre de una página web. La LSSI tiene su origen en la Directiva Europea sobre la materia de junio de 2000, que conminaba a los estados miembros a transponer su articulado a las legislaciones nacionales antes del 17 de enero. Por ello, el 29 de septiembre de 2000 Ciencia y Tecnología elaboró su primer dictamen, con la intención de que los trabajos concluyeran a tiempo.
Sin embargo, la polémica rodeó al anteproyecto desde su nacimiento debido a la decisión del Gobierno de exponer los primeros borradores de la LSSI en la Red para recibir las recomendaciones oportunas por parte de empresas, colectivos y particulares, a lo que se unió la demora en la recepción de algunos dictámenes. Tanto los partidos de la oposición como colectivos internautas han mostrado su recelo ante esta Ley. IU la rechaza por «restrictiva y autoritaria y considera que da vía libre a la «cibercensura» El PSOE, por su parte, afirma que la «falta de transparencia» del Gobierno puede ocultar «su deseo de controlar Internet»