La situación que vive el centenar de inmigrantes subsaharianos en Barcelona cobra nuevos tintes. En el día de ayer recibieron el apoyo de una cincuentena de inmigrantes argelinos y marroquíes, que se sumaron a su protesta. Además, a la disposición de diálogo manifestada el miércoles por la Generalitat de Catalunya hay que añadir las declaraciones del 'conseller en cap', Artur Mas, que ayer matizó que en cualquier caso habrá que expulsar a los que no reúnan los requisitos para ser regularizados. De momento, el grupo, que no tira la toalla, y ayer acordaron en asamblea quedarse a dormir en la Plaza Ramon Berenguer el Gran y descartaron acampar ante la Delegación del Gobierno en Cataluña como inicialmente pactaron.
«Catalunya es una sociedad de acogida por excelencia, pero eso no significa que pueda venir absolutamente todo el mundo porque el país no tiene capacidad de respuesta para integrar y asimilar a todo el que venga». Con esas declaraciones Mas echaba un jarro de agua fría a la voluntad manifestada el miércoles por la Generalitat de encontrar una solución a la situación que vive el centenar de subsaharianos que no tiene donde alojarse en Barcelona.
Sin embargo, el conseller reiteró su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento para «salir del paso». Según Mas, «si se mira el conflicto desde una perspectiva sólo humanitaria estamos avocados a este cargo de conciencia permanente que no debemos tener porque en Catalunya no podemos resolver el problema de pobreza que hay en el mundo ni tan sólo en los países africanos». El conseller manifestó que «en último terminó habrá que expulsar a los inmigrantes que haya que hacerlo, y si nos sabe mal expulsar a los que no cumplen la ley, no expulsaremos nunca a ninguno y si no expulsamos a ninguno tenemos que abrir las puertas totalmente y vendrá absolutamente todo el mundo».
A pesar de todo, los subsaharianos siguen con su cruzada para conseguir un alojamiento gratis y permanente y para que les den papeles ya que, según aseguran, no tienen ninguna forma de acreditar que llevan en España antes del 23 de enero, fecha requerida por el Gobierno para regularizar su situación. Después de pasar la noche en la sede del sindicato CGT al ser desalojados de la Plaza de Catalunya donde llevaban acampados desde mayo, ayer lo harán frente a la delegación del Gobierno de Barcelona, haciendo caso omiso a la prohibición que ya les ha adelantado el Ayuntamiento de la ciudad.