El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, aseguró ayer que la utilización de piensos animales para la alimentación de bovinos en España ha sido «mínimo, puntual y no debe crear alarma», aunque las organizaciones agrarias pidieron responsabilidades políticas por la falta de control. Lamela, en referencia al informe sobre la situación real del mal de las «vacas locas» en el que se asegura que los ganaderos han utilizado harinas animales pese a la prohibición, recoge «situaciones puntuales y concretas que no deben crear alarma».
Reconoció que hay que observar «el escenario que se plantea a partir del próximo semestre», ya que hasta ahora son «porcentajes muy pequeños» los que han motivado la presentación de expedientes sancionadores por parte de las diferentes administraciones regionales. El informe pone de manifiesto que los ganaderos españoles siguieron utilizando piensos de origen cárnico más allá de la prohibición, incluso en algunos casos hasta diciembre de 2000, y advierte de que los grupos de mayor riesgo de padecer la enfermedad son la vacas lecheras, los terneros en edad de destete y los toros de lidia.
Indica también que, según los casos aparecidos en España (29 en el momento del informe aunque en la actualidad hay 33), la raza frisona es la que tiene una mayor incidencia, seguida de los cruces, y que existen 20 casos en animales de 4 a 6 años, seis en animales de 7 años, uno en otro de 13 años y uno de 3 años.
El PSOE pidió la comparecencia «urgente» del ministro Miguel Arias Cañete para explicar por qué el Gobierno «ocultó» esta información. El director general de CCAE, Eduardo Baamonde, dudó de la «rigurosidad» de este informe, pero aclaró que si las Administraciones detectaron en su día fraude en el uso de harinas cárnicas, exige que «sobre los infractores recaiga todo el peso de la ley». ASAJA pidió que se sancione con todo su rigor a aquellos que han adulterado harinas cárnicas. COAG exigió la dimisión inmediata del ministro de Agricultura por «no denunciar ni atajar» actividades fraudulentas. A su vez, UPA presentará una querella criminal contra Agricultura por «causar un daño objetivo a los ganaderos, por conocer la existencia de un fraude en el uso de harinas de carne y no tomar medidas».