Organizaciones de agricultores y ganaderos, los comerciantes y partidos políticos pidieron ayer que se extremen las medidas y la «paralización de las importaciones» ganaderas para evitar la propagación de la fiebre aftosa entre la cabaña nacional. Concretamente, el representante de UPA propuso que se inmovilicen completamente todos los animales susceptibles de ser contagiados durante el período de incubación, que oscila entre quince días y cuatro meses.
Además, pidió el cierre de las fronteras a todo el ganado procedente de los países que importan del Reino Unido para analizar la evolución de los focos que vayan surgiendo en el resto de Europa. Moraleda denunció además que el hecho de que no haya una política sanitaria en España hace que vaya siempre a espaldas de los acontecimientos, no por delante, lo que exige «una inmediata reflexión del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de la UE». «En España se necesita una respuesta urgente, inequívoca y lo más extensa posible para impedir que la ruina del sector vacuno se extienda al conjunto de la ganadería española», subrayó.
En la misma línea se pronunció el responsable del sector ganadero de la COAG, Andoni García, aunque reconoció que en esta ocasión el Gobierno ha actuado con rapidez, después de inmovilizar a una partida de 540 cerdos importados del Reino Unido y que por tanto podrían ser sospechosos de tener la enfermedad.
Las medidas para atajar esta fiebre se basan en la inmovilización del ganado y su sacrificio y posterior incineración. Aunque los animales se recuperan en quince días de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, -ampollas y erosiones en la mucosa bucal, nasal externa y en la piel situada por encima y en medio de las pezuñas-, el problema es que se mantienen como portadores crónicos durante toda su vida, lo que originaría nuevos brotes si son devueltos a la granja.