Amnistía Internacional denunció ayer la existencia de un comercio floreciente en todo el mundo de instrumentos de tortura, que podría ser evitado con voluntad política por parte de los gobiernos.
El informe de Amnistía Internacional cita el caso específico de la empresa española radicada en el País Vasco Larrañaga y Elorza, que exporta grilletes a algunos países en los que se ha utilizado este tipo de material para la tortura. Este es el caso de Ruanda, «donde además hay que recordar que la ONU mantiene un embargo sobre el comercio de armas».