La controvertida piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa dels Pins vuelve a salir a la palestra en los despachos del Congreso de los Diputados. El diputado de Més-Sumar, Vicenç Vidal, ha presentado a la mesa de la cámara baja una batería de preguntas dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Cabe recordar que en mazo de 2024 la Audiencia Nacional ordenó la demolición forzosa de la piscina de Pedro J. Ramírez ya que la Sala de lo Contencioso rechazó sendos recursos promovidos por el periodista y por su hijo Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de la Prada para intentar conservar la piscina, el embarcadero y la terraza. Toda la instalación ya había sido declarada ilegal por varias resoluciones judiciales que son firmes desde mayo de 2021, cuando el Tribunal Supremo anuló la concesión y la prórroga que amparaban las instalaciones.
Ha pasado casi un año de la decisión judicial pero esta no se ha ejecutado, por lo que Vicenç Vidal solicita que el Ministerio para la Transición Ecológica explique qué actuaciones ha llevado a cabo para atender la orden judicial y, en su caso, cuando dicho Ministerio tiene previsto dar cumplimiento material al mandato judicial. Vidal asegura que en otras ocasiones se ha actuado con celeridad, pero no ha sido así en este caso. «Quien comete un delito en nuestro litoral debe cumplir la sentencia», afirma el diputado de Més-Sumar.
El Ministerio de Transición Ecológica instó en enero de 2023 la ejecución de la sentencia y, a partir de ahí, se inició un plazo de medio año para que se hiciera de forma voluntaria. En octubre de 2023, la Demarcación de Costas hizo una visita a la zona y constató que la piscina estaba tal cual. En julio, el periodista había puesto un recurso para intentar detener la demolición y su hijo hizo lo mismo en octubre. La Audiencia Nacional considera que ambos están legitimados para actuar puesto que los dos están afectados por la decisión.
El ex director de El Mundo argumentaba que la demolición sería un «acto irreversible» y que podía provocar «daños gravísimos al medio ambiente y a las propiedades vecinas». Se amparaba en varias periciales e informes ambientales. Ante la demora de esta ejecución y las dilaciones judiciales Vicenç Vidal también pregunta al ministerio en qué situación se encuentra el proceso judicial.
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