«Vivimos en una cárcel, sólo reclamamos el derecho a que mi hijo tenga una mejor calidad de vida, un entorno adaptado a él», asegura una madre que ha tocado todas las puertas para pelear por el bienestar de Pau, un niño que el próximo mes de noviembre cumplirá 14 años y que, a consecuencia de la parálisis cerebral que parece, tiene certificado y diagnosticado un 82% de discapacidad. Estefanía Ruiz es madre soltera, vive junto a su padre -«un señor que empieza a ser mayor y no puede hacer según qué esfuerzos ya», apunta- en un primero sin ascensor, «por lo que hemos tenido que poner una silla elevadora, que pagamos nosotros, teniendo que aguantar que entre gente en el portal, se siente en ella y la rompa... y luego tenemos que gastar en reparaciones», lamenta esta trabajadora de la hostelería que no ceja en su empeño por dar un futuro a su primogénito.
Estefanía Ruiz, de 39 años, agradece en todo momento la labor e implicación de Aspace, donde recibe asistencia, cuidados y educación Pau. Pero a su vez lamenta la falta de sensibilidad por parte del Ajuntament de Calvià, al que lleva «dos años pidiendo un piso de alquiler social que sabemos que tiene, doce concretamente, pero uno especialmente que sea accesible para mi hijo y no convierta en una aventura entrar y salir de casa como pasa cada día», explica esta madre que recuerda que lo que reclama «es un derecho, no una necesidad. El derecho a una vivienda digna y adaptada para un niño con estas necesidades especiales», apostilla.
Ha tenido contacto con la regidora de Servicios Sociales de Calvià, Juana María Prats, «pero pasan los meses y no tengo respuestas... me dice que están en ello, que no me preocupe, pero nada más. No me dan argumentos, sólo me dicen que están trabajando en el asunto. Y llevo ya dos años, sabiendo que hay pisos destinados a este fin», relata esta madre soltera que apunta la existencia de estos pisos en puntos como Son Ferrer, «muy cerca de donde vivimos», Santa Ponça o Peguera.
Cuenta, eso sí y lo agradece, con la asistencia de los servicios sociales del Ajuntament de Calvià, que acuden a atender a Pau de forma cotidiana, de la misma manera que perciben una ayuda del Gobierno en materia de Dependencia, pero por lo que más pelea es «por nuestro derecho a tener un piso de alquiler social en nuestro municipio, en el que llevo toda la vida pagando mis impuestos. Vivimos en una cárcel, porque cuando se rompe la silla elevadora, tenemos un problema... y gordo», comenta Estefanía, que realizó la primera petición allá por 2022, a los anteriores gestores del consistorio 'calvianer'.
«Lo único que pretendo es que mi hijo pueda tener una vivienda digna, pagando ese alquiler. Lo nuestro es un calvario, dependiendo muchas veces de la gente que pase por la calle o de los vecinos para que nos ayuden a entrar o salir. También tiene palabras de agradecimiento para sus superiores en su puesto de trabajo, en el que encuentra soporte cuando las necesidades de su hijo lo requieren. Y estas pasan por una vivienda de alquiler social porque para Estefanía Ruiz «lo primero es el bienestar de mi hijo».