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Sóller reinicia los trámites para poder recepcionar la urbanización de Muleta I

En 2019 dio inicio a un expediente que dejó decaer y que ahora ha retomado la concejalía de Urbanismo

Cuatro millones. Un estudio técnico realizado por el Ajuntament en 2018, cifró en unos cuatro millones de euros el coste de la dotación de servicios a Muleta I. Este coste, debidamente actualizado y probablemente hoy muy superior, debería ser asumido íntegramente por los propietarios. | Lluc Garcia

| Sóller |

Después de cinco años, el Ajuntament de Sóller ha retomado los trámites para hacer posible la recepción de la urbanización de Muleta I, situada en el Port de Sóller, que no cuenta con servicios públicos y cuya red viaria está en muy malas condiciones. La urbanización, que data de los años 70, es anexa a Muleta II, cuya desclasificación ha desembocado recientemente en una indemnización multimillonaria. Pero la situación urbanística de Muleta I es completamente diferente, ya que cuenta con más de medio centenar de edificaciones, en su mayoría chalets y viviendas unifamiliares y, de sus 90 parcelas, muchas están sin construir. Según la concejala de Urbanismo de Sóller, Esther Alfonso, «estamos solamente en la fase inicial de la tramitación, ya que hace unos años se delimitó la urbanización, pero por algún motivo el expediente quedó paralizado». Alfonso considera que «nuestra obligación es intentar que las urbanizaciones del Port estén en condiciones y dotadas de servicios, no solamente Muleta I sino las otras que aún están sin recepcionar». La concejala admite que el procedimiento será muy lento y que por ahora solamente se ha iniciado el trámite de notificación a los titulares.

El hecho es que el Ajuntament ha intentado ya en otras ocasiones facilitar la recepción de esta urbanización, pero los elevados costes de la dotación de servicios, que deberían asumir los propietarios de forma íntegra, lo han impedido. Los primeros intentos se remontan al año 2012 y en 2016 se descartó la recepción.

Desclasificación

En 2018 el Consell advirtió que los terrenos serían desclasificados si no se dotaban de servicios en el plazo de un año, disposición que fue alegada por el Consistorio, que retomó negociaciones con los vecinos en un nuevo intento de regularizar la urbanización y, por lo menos, poder recepcionar zonas verdes y espacios públicos. Al año siguiente se aprobó la delimitación de los 70.000 metros cuadrados de la urbanización y el censo de solares y propietarios, tarea que ahora se ha retomado.

Actualmente, la urbanización no dispone de alumbrado público, ni red de saneamiento ni agua potable y los accesos están destrozados. Ahora no se permiten nuevas construcciones y el Ajuntament solo da permiso para reformar edificaciones legales, siempre que no se trate de ampliaciones. De aquí el interés de algunos propietarios de parcelas en promover la regularización.

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