El regidor de s'ULL y exlíder de ASI, Joaquín Rabasco, denunció el pasado miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de Llucmajor, Francisca Lascolas, así como a todos los concejales del equipo de gobierno de la corporación municipal y también al exalcalde de la localidad, Éric Jareño por un posible delito de «prevaricación y malversación».
Rabasco pide al Ministerio Público la apertura de diligencias para que se investigue a la corporación municipal por «incumplir de forma sistemática la Ley de Contratación al contratar fuera de lo establecido en la misma», lo que según la misma denuncia, «puede suponer una vulneración muy grave en materia económica y presupuestaria». Siempre según el regidor en la oposición, esta mala praxis «se lleva a cabo en casi la totalidad de contratos, que son verbales y no dan la posibilidad de acceso a otras empresas». En el mismo sentido el documento remitido a la Fiscalía también cuestiona el reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de estos servicios así como la relación de facturas extrajudiciales de cada concejalía y que «a priori ascienden en 2023 a 3.849.845,03 de euros», según se concreta en la denuncia.
Por otra parte, Rabasco advierte de lo que califica «otra irregularidad muy grave» y apunta que «diverso personal laboral, entre otros, se han autootorgado compatibilidades fuera de la ley, o se han pagado complementos indebidos. De hecho, la propia interventora ha manifestado en un informe que se trata de una malversación de fondos públicos y que deberían reintegrarse al erario público», sostiene, por lo que pide a la Fiscalía admita la denuncia e investigue los hechos.
Reacción
Por su parte, desde el Ajuntament recordaron que de forma anual la Sindicatura de Comptes envía a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) las cuentas municipales y que en los últimos 10 años no ha recibido ni un requerimiento de ninguno de los dos órganos, «lo que demuestra el buen hacer del consistorio», señalaron. Es más, sobre las facturas extrajudiciales aseguran que «hay servicios que no pueden dejar de servirse como el mantenimiento o limpieza de colegios».
Sin embargo, se ofrecen a colaborar «en todo lo que sea necesario con la Fiscalía» para aclara el asunto y mantener el buen nombre del Ajuntament.