A pesar de que en 2018 y a principios de 2023 se dictaron sendos decretos por parte de la Alcaldía de Inca en los que se notificó a los propietarios de Can Mir que debían reparar el inmueble debido a sus malas condiciones de seguridad y salubridad, el casal sigue en la misma situación de precariedad, a pesar de estar protegido en grado B y catalogado.
El Ajuntament d'Inca inició en junio del año pasado un nuevo expediente al detectar que la titularidad de Can Mir había cambiado de manos, en favor de una empresa con domicilio en Madrid. En caso de no cumplir con los plazos, se impondrán multas y se planteará la expropiación forzosa por razón de urbanismo.
Los nuevos propietarios han sido informados a finales de 2023 de un nuevo decreto de Alcaldía donde se les obliga a comprobar el estado de los elementos constructivos, reparar las zonas de las fachadas principales, recuperar los invernaderos de madera y restaurar la cerámica modernista de las fachadas, posiblemente de La Roqueta. Al mismo tiempo, los propietarios deben encargarse de solicitar los permisos necesarios. El plazo para comenzar los trabajos finaliza a finales de este mes de enero y la propiedad no ha presentado aún ningún proyecto y tampoco ha alegado contra el decreto de Alcaldía. El informe municipal determina que las reparaciones mínimas exigibles cuestan 201.294 euros.
El Ajuntament prevé la imposición de multas coercitivas hasta que se cumpla la obligación de conservación. Estas sanciones serían del 10 % del valor de las obras y en periodos mínimos de 10 días y de 600 euros como mínimo. La Llei d'Urbanisme otorga al Ajuntament la potestad de expropiar Can Mir de forma forzosa «en el caso de inobservancia de los deberes exigibles legalmente de conservación y rehabilitación».