El Ajuntament de Capdepera ha decidido frenar, al menos durante un año, la construcción del complejo residencial en la zona de Sa Pedruscada de 60 viviendas ante la fuerte oposición vecinal a este proyecto que entró en el Ajuntament a principios de 2023. El pleno ordinario ha aprobado la suspensión temporal de licencias urbanísticas en esta urbanización en el plazo de un año o hasta la aprobación inicial del instrumento del planeamiento que ha motivado la suspensión.
Vecinos afectados crearon la plataforma digital «Salvem sa Pedruscada» con el objetivo de paralizar este proyecto que contempla la construcción de 18 bloques con una piscina comunitaria y otras piscinas individuales en Sa Pedruscada. De esta manera se puso en marcha una recogida de firmas (ya hay más de 4.000) a la vez que se pidió la revisión de este proyecto que «perjudica el valor ambiental, paisajístico, sus espacios y recursos naturales y altera las condiciones de habitabilidad y conveniencia de los vecinos y de las generaciones venideras».
El Ajuntament ha recordado que los usos, la edificabilidad y las alturas permitidas en esta parcela se establecieron en las normas subsidiarias aprobadas en los años 80 y que desde entonces no se ha llevado a cabo ningún cambio a pesar de la petición de los residentes en 1989. Justifican que la decisión de suspender temporalmente las licencias urbanísticas «surge de la necesidad de revaluar y mejorar las estrategias de planificación urbana teniendo en cuenta diversos aspectos que incluyen la sostenibilidad, el entorno y la preservación del paisaje de la zona».
A lo largo de este periodo de suspensión, según informa el Ajuntament, «se llevará a cabo un análisis exhaustivo del planeamiento aplicable a la parcela y se estudiarán posibles alternativas de revisión de la normativa urbanística de aplicación a fin de adaptarlo al entorno urbano existente y a las necesidades actuales y futuras de la comunidad».
El Ajuntament se compromete a informar a todas las partes sobre «los avances, plazos y nuevas directrices urbanísticas que se puedan establecer así como del resultado de este proceso». Asimismo «se invita a la ciudadanía a participar activamente aportando sus ideas y opiniones para establecer unos parámetros que permitan un entorno urbano más inclusivo, sostenible y de acuerdo con las necesidades colectivas». La moratoria se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno (PP-Més) mientras que el PSOE votó en contra y el PI se abstuvo.
El portavoz socialista, Rafel Fernández manifestó su sorpresa ante este acuerdo y advirtió de las indemnizaciones que se tendrán que pagar por los derechos adquiridos. «Esta decisión costará mucho dinero a las arcas municipales. Serán indemnizaciones millonarias porque seguro que los promotores de esta zona utilizarán todas las armas jurídicas a su alcance contra el Ajuntament». A la vez cuestionó que «no se entiende como no han hecho lo mismo con la promoción de Cala Gat».