La Dirección General de Tráfico (DGT) no va a instalar radares fijos en la carretera de la Serra (Ma-10), según explicaron ayer fuentes de la DGT a Ultima Hora: «Técnicamente, no procede instalar radares fijos en los 112 kilómetros de la Ma-10».
A pesar de ser la principal reclamación de los vecinos afectados, la DGT descarta la instalación de estas infraestructuras de control, ya que en la Serra «no hay carreras ilegales, hay comportamientos incívicos que generan un problema de ruido, no de exceso de velocidad». Esta es la conclusión a la que ha llegado la administración tras haber hecho controles de velocidad en los pasados meses de junio y julio.
La DGT también lamenta que «durante estos años hemos propuesto medidas que aún no se han aplicado como bandas sonoras transversales o verticales». Eso sí, recuerdan que a raíz de un estudio de la carretera, aplicaron en 2020 una reducción de la velocidad, que pasó de 90 a 60 quilómetros por hora y se pintó línea continua a lo largo de toda la vía, para evitar adelantamientos.
A pesar de que los vecinos afectados no se quejan de las pruebas deportivas autorizadas (rallies), la administración asegura que «los problemas que ahora se dilucidan se inician con la aprobación de la prueba de 60 pujada al Puig Major aprobada el 28 de septiembre».
De hecho, ponen la responsabilidad al Consell: «Quien aprueba la competición, puede valorar si ha habido algún tipo de incumplimiento relacionado con el evento y tiene capacidad sancionadora, en caso que así sea».
Desde el punto de vista de Tráfico, y también como se explicó antes de ayer desde el Consell, se trata de un problema que se debe abordar desde diversas administraciones: «Las medidas Ma-10 se vienen adoptando desde hace muchos años por parte de todos los organismos implicados de forma coordinada porque es un trabajo conjunto y mientras no se aborden conjuntamente con todos los organismos implicados, el problema no se resolverá».
Aún así, la DGT vuelve a poner la pelota encima del ‘tejado insular' y asegura que es el Consell quien tiene la «capacidad de convocar a los organismos implicados, incluida la DGT» para encontrar una solución.