El Consell aseguró ayer que es la Dirección General de Tráfico (DGT) quien tiene que dar el primer paso para solucionar el problema de las carreras ilegales en la carretera de la Serra (Ma-10). Así lo confirmó el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, tras la reunión con los vecinos afectados, quienes se movilizaron el pasado domingo cortando la carretera de Banyalbufar en señal de protesta.
Aunque la carretera sí que es de titularidad insular, Rubio aseguró que «desde el Consell no tenemos competencias en la regulación del tráfico, en los controles de velocidad ni tampoco tenemos la capacidad sancionadora de los vehículos que infringen las normas de circulación. Esto es competencia exclusiva de la DGT».
Precisamente esta es la principal reclamación de los vecinos afectados, la instalación de radares fijos a lo largo de toda la Ma-10, que tiene 112 quilómetros de longitud. «En la pasada legislatura nos reunimos con la DGT para abordar la situación y nos dijeron que los técnicos habían informado desfavorablemente a la instalación de radares», lamentó tras la reunión uno de los miembros de la plataforma Indignats Ma-10, que quiere mantenerse en el anonimato.
Además, los afectados aseguraron que lo que falta en la carretera de la Serra es «más vigilancia y control, una problemática que se puede solucionar con radares, que funcionan solos y sin necesidad de tener a agentes de tráfico a todas horas».
En este sentido, el conseller se comprometió a agilizar los trámites para la autorización de estos instrumentos en la carretera de la Serra (Ma-10), si la DGT lo solicita. «Apoyaremos a los vecinos afectados y a los ayuntamientos, quienes también se ven obligados a gestionar esta situación», dijo Rubio.
Antes del cierre de la presente edición Ultima Hora intentó ponerse en contacto con la DGT para conocer su postura respecto de la instalación de radares, aunque resultó imposible.
Debido a la falta de vigilancia, los vecinos y el conseller apuntaron a la necesidad de más controles de tráfico, una competencia de Delegació de Govern. «Es fácil diluir las responsabilidades trasladando, apuntando hacia un único foco como son los controles, cuando es mucho más importante saber qué se quiere hacer en la Serra de Tramuntana como espacio protegido», aseguró la delegada del Govern, Aina Calvo.
La postura de la institución insular ha sorprendido al PSOE quien recuerda que durante el anterior mandato, el ejecutivo del Consell intentó regular —a través de la Llei Serra— la entrada de según que tipos de vehículos en la Ma-10. «Dentro de la ley, hay varios artículos que permiten generar zonas de bajas emisiones», aseguró el diputado socialista Joan Ferrer.
Además, apuntó que «no está bien que continúen cargando contra otra administración cuando saben que es imposible poner un Guardia Civil en cada esquina de cada pueblo las 24 horas del día».