Los vecinos y entidades de sa Pobla que se han movilizado contra la instalación de un parque fotovoltaico en unos terrenos rústicos junto a la carretera de Llubí han acusado al Ajuntament de sa Pobla de «incumplir su parte» en el acuerdo que alcanzaron a principios de julio para recurrir este proyecto e intentar impedirlo.
Ayer, esta plataforma que se opone a la instalación de unos 4.500 paneles solares muy cerca de sus viviendas, del polideportivo y de dos colegios, mantuvo una tensa reunión de trabajo con los representantes municipales, tras la cual se mostraron decepcionados «porque el Ajuntament no actúa con la celeridad que requiere una situación tan apremiante como ésta; el juicio podría celebrarse tras el verano y no tendremos preparados los informes y argumentos contra la instalación del parque fotovoltaico; y todo esto ocurre porque el Ajuntament de sa Pobla no presentó alegaciones en su momento», señala Josep Bordes, uno de los portavoces de la plataforma vecinal.
Los afectado lamentan que «el Ajuntament no se haya reunido con el nuevo director general de Economia Circular, Transició Energètica y canvi Climàtic, Diego Viu; ni con el área de Territori del Consell de Mallorca y que no disponga aún de un informe de impacto ambiental», añaden. Tampoco ha recurrido a la Comissió Balear de Medi Ambient, órgano consultivo del Govern en materia de medio ambiente, porque tras el cambio político devenido de las elecciones autonómicas, esta entidad aún no ha sido constituida.
La plataforma contra el parque fotovoltaico está formada por las asociaciones de madres y padres (AMIPAS) de ocho centros educativos de sa Pobla, el club deportivo U.D. Poblense, el CEIP Vialfàs y la asociación vecinal Sa Punta d'en Capó.
Impacto ambiental
El alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, señala que «el Ajuntament siempre apoyaremos a los vecinos, pero tenemos que cumplir la normativa, antes de encargar un estudio de impacto ambiental hemos tenido que pedir tres presupuestos distintos y también hemos intentado argumentar los perjuicios para la salud que podría generar el campo fotovoltaico, pero no ha sido posible demostrarlo por ahora».
Ferragut añade que hace meses se intentó frenar el proyecto «pero en la anterior legislatura, el Govern señaló que prevalecía el interés general otorgado al mismo».