Nuevo varapalo judicial a los vecinos del Vilà en Pollença. El juzgado contencioso administrativo número dos de Palma acaba de desestimar el recurso que la Asociación administrativa de cooperación El Vilà (encabezada por el abogado Leopoldo de Miguel hasta su fallecimiento) interpuso contra el acuerdo de pleno que en febrero de 2018 aprobó la delimitación definitiva del suelo, incluyendo como suelo rústico de alta protección (ANEI) la parte más alta de la montaña.
Los propietarios del Vilà llevan más de veinte años intentando sin éxito construir sus chalets en la citada urbanización, que fue desclasificada parcialmente por el Govern en 2008. El letrado Leopoldo de Miguel llegó a denunciar al exalcalde Tomeu Cifre Ochogavía ante la fiscalía anticorrupción, por la presunta paralización de esta y otras urbanizaciones medioambientalmente sensibles de Pollença. La imputación de Cifre Ochogavía provocó su salida del PP y el nacimiento de la marca blanca Tots per Pollença que ha gobernado los últimos cuatro años y ahora está en la oposición.
El constante goteo de demandas judiciales de propietarios y administradores contra el Ajuntament de Pollença llevó en 2018 al Consistorio (entonces liderado por Miquel Àngel March, de la coalición Junts Avançam) a aprobar la nueva delimitación del suelo urbanizable. Había tardado diez años en hacerlo, tras la desclasificación parcial que ejecutó el Govern y temía que algún magistrado acabara reprochándole su inactividad.
No conforme con este avance, Leopoldo de Miguel recurrió la delimitación ante los tribunales. El juez de refuerzo del juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha avalado ahora aquél acto administrativo. El exalcalde Miquel Àngel March se muestra satisfecho con la decisión judicial. «Sencillamente las cosas se hicieron bien y era necesario volver a delimitar el ámbito del Vilà después de la ley que protegió la parte alta de la antigua urbanización», dice. Por su parte el nuevo alcalde Martí March también ha manifestado su satisfacción: «Es evidente que hacemos una valoración positiva de la sentencia. Una sentencia que también obliga al ayuntamiento a tomar iniciativas», dice.