Los malos olores y emisiones de una granja avícola en la finca de s'Allapassa, en Llucmajor, han provocado el malestar y han condicionado el día a día de los vecinos de Urbanizaciones desde hace cuatro años. Después de diversas manifestaciones y tras una denuncia formal de los vecinos afectados, que superan los 9.000, el Govern, a través de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha iniciado una investigación de la que ya se ha podido confirmar que la granja no cuenta con la autorización ambiental integrada.
Un trámite obligatorio para instalaciones con 40.000 gallinas o más. Un número que supera con creces la granja denunciada que cuenta con 117.696 gallinas ponedoras, lo que casi triplica la cantidad. Desde Medi Ambient ya se ha iniciado un procedimiento sancionador tras constatar esta deficiencia aunque aún falta por conocer el nivel de gravedad, y por tanto, a cuanto puede acceder la sanción.
En la misma investigación también se ha requerido todo el expediente de la nave agrícola al Ajuntament, quien ha explicado que solo dispone de una licencia urbanística de ésta y que ya ha sido enviada a la Conselleria. Por otra parte, también se espera la respuesta de su afectación atmosférica, ya que por las dimensiones de la granja, desarrolla una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera por lo que requiere permisos especiales para llevar a cabo su actividad.
Mientras, los vecinos de Urbanizaciones vuelven a denunciar este problema que se acentúa con la llegada de las altas temperaturas después de varios días volviendo a sufrir unos olores «insoportable» que llegan a entorpecer su vida cotidiana.
Solución
«Afecta incluso a nuestra salud. Hay vecinos con afecciones respiratorias, migrañas o incluso vómitos», explicó Naty García, una de las vecinas afectadas y portavoz. Los malos olores empezaron en 2019, pese a que la granja ya existía anteriormente «pero no producía las molestias que a día de hoy se vienen produciendo, cosa que nos hace pensar que algo en la explotación de la misma se ha modificado» contó García.
Pese a ello, los vecinos se quejan que hasta ahora «nadie ha puesto solución al problema» y recalcan que «simplemente reclamamos poder vivir en nuestras casas sin peligro». Recuerdan que «saben que la actividad está causando un perjuicio a las urbanizaciones y siguen realizando las actividades sin poner medidas correctoras eficaces», sentenció la portavoz.